
En su último informe, el Laboratorio Social Padre José Antonio Esquivel del Centro Juan XXIII, que da seguimiento a los niveles de cumplimiento de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio y a su Reglamento de Aplicación contenido en el Decreto 92-16, observa que “resulta contradictoria la violación a la ley de parte de legisladores que rehúyen someter sus respectivas declaraciones jurada de patrimonio, y tanto más cuanto que ellos mismos fueron o son miembros de ese poder colegiado del Estado responsable de escribir la letra y de infundirle espíritu a la Ley 311-14”.
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