SD. El desplome del flujo vehicular de la carretera Juan Pablo II, que une los destinos de Santo Domingo y Samaná, continúa sangrando al Estado, que en los últimos seis años ha debido pagar un subsidio de RD$13,517.4 millones.
Las bajas operaciones han obligado al pago de un “peaje sombra” a la concesionaria Autopistas del Nordeste, que tan sólo en este 2017 ronda los RD$2,731.5 millones. Las partidas son contempladas en la Ley de Presupuesto General del Estado, que en el 2012 destinó un monto de RD$1,838.2 millones; en 2013 fueron RD$1,339.2 millones; en el 2014 unos RD$2,272.1 millones; en el 2015 el pago fue de RD$2,500 millones y en el 2016 se dispusieron RD$2,836.4 millones. Las partidas se destinan en cumplimiento al contrato arribado el 18 de julio del 2001 entre el Estado dominicano y la empresa constructora Autopista del Nordeste, en lo referente al Ingreso Mínimo Garantizado que se aplica para cubrir el déficit que deja a la empresa la baja circulación de vehículos. La firma se llevó a cabo por el entonces secretario de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado y el ingeniero Luis Fernando Jaramillo Correa, presidente del Consejo de Administración de Autopistas del Nordeste. Aunque la rúbrica se llevó a cabo en el 2001, el gobierno había entregado la carretera a concesión durante la primera gestión de Leonel Fernández, en 1998 con un costo inicial de US$125 millones. La obra fue paralizada en el último año del mandato de Hipólito Mejía, y fue retomada en abril del 2005 por Fernández. La vía, que recorre 106 kilómetros desde la autopista Las Américas hasta la carretera que va a Samaná, fue inaugurada oficialmente el 12 de diciembre del 2008, en la gestión del entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, aunque desde el primero de junio de ese mismo año había sido abierta al público. La baja rentabilidad que registra la vía tira por el suelo un estudio realizado por el Banco Mundial en el 2005 que atribuía una alta tasa de rendimiento social a la obra y basado en esos datos otorgó una garantía para cubrir el 51% del valor de la infraestructura. www.diariolibre.com
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